Este martes 25 de junio fue publicada oficialmente en el Diario Oficial la Ley N° 21.752, que deroga la cuestionada Ley Longueira y marca un hito histórico para el sector pesquero artesanal en Chile. La nueva normativa, aprobada recientemente en el Congreso, establece una redistribución más equitativa de las cuotas entre el sector industrial y artesanal, reconociendo por primera vez de forma explícita el aporte de este último al país.Desde la Corporación Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal de Chile, valoraron la publicación como un paso estructural hacia una pesca “más justa, digna y sostenible”, destacando que se trata de una victoria forjada a lo largo de años de lucha colectiva desde las caletas del norte, centro y sur del país.
“Esta ley abre una puerta concreta a la equidad en el acceso a los recursos. Se redistribuyen cuotas que por años estuvieron concentradas en la gran industria y se transfieren más de 160 millones de dólares hacia quienes realmente viven del mar”, señalaron en un comunicado público.
El avance legislativo, impulsado tras años de movilizaciones y demandas desde los territorios costeros, representa un cambio en la política pesquera nacional, incorporando por primera vez principios de sustentabilidad, equidad y reconocimiento del trabajo artesanal en pequeña escala.
Sin embargo, desde la Corporación también alertaron sobre una exclusión que consideran inaceptable: la falta de protección específica para la merluza común, uno de los recursos más importantes para la subsistencia de comunidades pesqueras del centro y sur del país, especialmente mujeres fileteadoras, charqueadoras y encarnadoras que dependen de esta especie.
Sara Garrido, presidenta de la organización, fue enfática en advertir que no se puede hablar de una ley verdaderamente justa si su implementación deja fuera a miles de trabajadoras. “La merluza ha sido el precio a pagar en este acuerdo. No podemos hablar de una ley justa si su implementación deja atrás a comunidades completas que dependen de un solo recurso para subsistir”, afirmó.
En ese contexto, la Corporación reiteró su compromiso con la justicia pesquera y anunció que se mantendrán movilizadas y vigilantes para asegurar que se cumplan los compromisos asumidos en esta nueva etapa. En particular, subrayaron la urgencia de regular la talla mínima de captura de la merluza común, erradicar de manera definitiva la pesca de arrastre industrial, fortalecer la fiscalización frente a las malas prácticas tanto en el sector artesanal como en el industrial, y avanzar hacia políticas públicas con enfoque real en sostenibilidad y pesca en pequeña escala.
