Aunque valoraron el término de la Ley Longueira y la aprobación de una nueva legislación que redistribuye las cuotas entre el sector artesanal e industrial, desde la Corporación Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal de Chile manifestaron su preocupación por el impacto que esta reforma podría tener sobre el recurso merluza y las trabajadoras que dependen de él.
En un comunicado emitido este 23 de junio, la organización reconoció como un avance estructural la aprobación de la ley de fraccionamiento pesquero en el Senado, destacando que contempla una histórica redistribución de más de 160 millones de dólares hacia el sector artesanal. Sin embargo, advirtieron que el proceso legislativo dejó fuera de protección efectiva a una de las principales especies utilizadas en la cadena productiva artesanal: la merluza común.
“El avance de una ley no puede significar el sacrificio de un recurso y sus trabajadoras”, señala el comunicado. La preocupación se centra en las consecuencias sociales y económicas que esta omisión puede generar para cientos de mujeres fileteadoras, charqueadoras y trabajadoras de caletas del centro y sur del país, cuyo sustento depende directamente de este recurso.
Para Sara Garrido, presidenta de la corporación, la exclusión de la merluza en las nuevas regulaciones representa un alto costo social. “La merluza —fuente histórica de empleo femenino en caletas del centro y sur del país— ha sido el precio a pagar en este acuerdo. Si bien hay avances, no podemos hablar de una ley justa si su implementación deja atrás a comunidades completas que dependen de un solo recurso para subsistir”, afirmó.
Junto con visibilizar el impacto que esto tiene en las trabajadoras, la corporación hizo un llamado urgente a adoptar medidas de conservación más estrictas sobre el recurso, especialmente en el contexto de su sobreexplotación. Entre las medidas propuestas, plantearon la necesidad de regular la talla mínima de captura, fortalecer la fiscalización sobre la pesca ilegal, y aplicar mayores controles tanto a la pesca de arrastre industrial como al uso de mallas en el sector artesanal.
Desde la organización, insistieron en que la sostenibilidad de los recursos marinos no puede desvincularse de la sostenibilidad del trabajo que éstos generan. “Proteger a las trabajadoras también significa proteger el recurso que les da sustento”, concluyeron.
