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Organizaciones de la pesca artesanal exigen cambios legislativos tras Caso Bruma: “Esto no es duelo, es tortura institucional”

El Caso Bruma, que cobró la vida de siete pescadores en la región del Biobío, sigue golpeando a sus familias y a las organizaciones que representan a la pesca artesanal. El hecho, ocurrido en 2023, dejó al descubierto la gran indefensión en la que trabajan hombres y mujeres de mar en Chile y la falta de respaldo que enfrentan ante tragedias en alta mar.

En este contexto, la Alianza en Defensa de la Pesca Artesanal advirtió que es urgente modificar la legislación marítima, ya que la normativa vigente no ofrece protección efectiva a los trabajadores ni a sus familias.

Sara Garrido, presidenta de la Corporación Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal, subrayó la necesidad de avanzar en cambios legislativos “para proteger a las familias de pescadores desaparecidos. No se trata de símbolos, se trata de justicia”, afirmó.

La dirigenta denunció que actualmente existe un “cuello de botella institucional” que dificulta que las familias puedan avanzar en investigaciones, activar seguros o acceder a justicia. “El Estado no puede seguir exigiendo que esperen tanto tiempo para una declaración de muerte. Eso no es duelo, es tortura institucional. No hay protocolos, no hay respuestas claras, y mientras tanto las familias enfrentan abandono total”, señaló.

Garrido destacó la importancia de aprobar el proyecto que acelera la declaración de muerte presunta en contextos de desapariciones marítimas, medida que —según explicó— permitiría activar seguros, liberar recursos públicos para las búsquedas y facilitar que la Armada actúe con mayor rapidez y respaldo legal.

Por su parte, Hérnan Cortés, presidente de la Condepp y vocero de la Alianza, insistió en que el Congreso debe agilizar el trámite de la nueva Ley de Pesca. “Lo crucial es avanzar en la Plataforma Social que llevamos años impulsando. No se trata sólo del caso Bruma, se trata de todas las víctimas que hemos tenido y podríamos tener, mientras el Estado sigue mirando al techo”, advirtió.

La plataforma, explicó Cortés, debe contemplar seguros de vida, protección frente a enfermedades derivadas de la actividad pesquera, apoyo a viudas y mecanismos automáticos de respuesta ante desastres o accidentes. “Para eso se deben asignar recursos, por eso es importante que se financie vía licitaciones”, sostuvo.

“No queremos más accidentes como lo de Estrella del Sur en Valdivia, Bruma en el Biobío y quizás cuántos más si no se hacen cambios significativos”, concluyó.

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