Este jueves 24 de julio, la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados sesionó en Concepción con un objetivo clave: recabar antecedentes sobre el trágico hundimiento de la embarcación Bruma, hecho ocurrido el 30 de marzo frente a las costas del Biobío, que cobró la vida de siete tripulantes. En la cita fue convocada la Corporación Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal de Chile, a través de su presidenta, Sara Garrido.
La dirigenta expuso ante la comisión los antecedentes que posee el gremio en torno a las condiciones de seguridad en el ámbito pesquero artesanal, una de las aristas que investiga el organismo parlamentario. En conversación previa, Garrido enfatizó la relevancia de este proceso:
“Lo ocurrido en Bruma nunca más debería suceder en nuestro país y creo que tenemos la oportunidad de cambiar las cosas, porque sin duda el accidente de Bruma va a marcar un precedente. Por eso la importancia de tener una plataforma social lo antes posible”, aseguró.
Esta plataforma social, busca proteger los derechos de quienes viven del mar, garantizar su bienestar y promover la sustentabilidad del sector pesquero artesanal. Desde la organización recalcaron que esta herramienta es urgente y necesaria para abordar de forma estructural las brechas históricas de seguridad, reconocimiento y apoyo al mundo de la pesca artesanal en Chile.
La sesión se desarrolló en el Salón Vip del Estadio Municipal Ester Roa Rebolledo y forma parte de una serie de diligencias impulsadas por la Comisión Investigadora CEI 69 y 71, centrada en los actos de gobierno relacionados con la seguridad marítima y pesquera, particularmente en la Región del Biobío.
Por otra parte, el Ministerio Público extendió por 40 días la reserva de la carpeta investigativa del caso, mientras se mantiene pendiente el análisis de la caja naranja del buque Cobra, a cargo del FBI. Este peritaje podría entregar información clave para esclarecer las causas de la colisión entre ambas embarcaciones. Hasta ahora, el Cobra continúa con zarpe suspendido.
Familias de las víctimas, organizaciones del rubro y autoridades del sector pesquero siguen exigiendo justicia y verdad en un proceso que, según diversos actores, podría marcar un antes y un después en la fiscalización y seguridad de la actividad en Chile.
